Impuestos, 1

Criticar el pago de impuestos, más allá del chascarrillo de bar en el que nos quejamos de “lo mucho que me quita Montoro”, está mal visto y es políticamente incorrecto porque subyace la creencia de que, “de alguna manera”, estamos ayudando a los demás al cumplir con el fisco. Ayudamos así a construir una mejor sociedad pagando “entre todos” unos servicios mínimos que satisfagan unas necesidades (sanidad, educación, etc.) que hemos transformado en “derechos universales de todas las personas”.

Las críticas, si las hay, están permitidas sólo en ese “de alguna manera”. Por ejemplo, si hay corrupción (siempre inevitable en un sistema de partidos) o las partidas de gasto social no van donde nos gustaría, se nos permite quejarnos y votar por otro partido que, presumiblemente, “lo hará mejor” y más acorde con nuestras preferencias.

A nadie se le ocurre decir en voz alta —o incluso llegar a pensar por sí mismo— que si le dejaran a uno la libertad de distribuir su aportación en aquellos menesteres que considera más justos o necesarios, no haría falta ese ente superior al que donamos la mitad de nuestro trabajo para que, supuestamente, lo reparta justamente —y mejor que nosotros mismos.

Quizá muchos se reconocen en el espejo como incapaces de ayudar al prójimo voluntariamente. A no ser que alguien les ponga una pistola en la sien o los amenace con cárcel si no cumplen con el “fisco benefactor”.

Este último factor, mucho más abundante de lo que parece (“¡Es que si no, nadie pagaría impuestos!”, me contestan cuando propongo que el pago de impuestos sea voluntario), justifica para muchos la existencia de ese ente, el Estado, con exclusividad de uso de la violencia contra sus propios ciudadanos.

Así, los impuestos se pagan mayoritariamente porque los contribuyentes tienen miedo de ofrecer resistencia a los recaudadores. Como en el crimen organizado, saben que cualquier desobediencia es inútil y tiene terribles consecuencias. Mientras este sea el estado de cosas, el Estado, como una retorcida mafia que se ha autoconcedido la superioridad moral por encima de la libertad de los individuos, podrá recaudar todo el dinero que quiera gastar.

Aquí es donde aparece la disonancia cognitiva. Uno crece en un entorno donde “es normal” pagar impuestos, aunque todos se quejen. Al tener que realizar el pago de algo que no nos gusta constantemente (toda actividad mutuamente beneficiosa en lo económico entre dos personas está penalizada con algún tipo de impuesto o impuestos), aceptamos la narrativa del “es que es bueno para todos” y “si no, los pobres no podrían ir al médico/estudiar/comer”.

Esta disonancia cognitiva es la que mantiene a la sociedad mansamente sumisa frente a la violencia del Estado. Siempre bajo el pretexto de que “es por el bien de todos”, cualquier crítica será tachada de fascista e inhumana: “¿Cómo puedes estar en contra de ayudar a los que no pueden pagarse un médico, una educación o simplemente comer?”. Bajo el marco de esa presunta superioridad moral, cualquier crítica se hace imposible.

En realidad, los que justifican al Estado así (“por que es que si no, yo no lo haría”) son los que menos confianza y fe tienen en el ser humano, en sus congéneres y en sí mismos. Necesitan una fuerza violenta externa que obligue a todo el mundo a “ser buenos con los demás”; pues libremente se reconocen ante sí como incapaces de ayudar libremente al prójimo.

Paradójicamente, al obligarnos el Estado a “ser buenos”, convierte a cada vez más gente en insensibles frente al dolor y necesidades ajenas. Pues se nos ha enseñado a pensar: “¡Qué injusticia, eso lo tendría que arreglar el gobierno!”, justificando así la inacción personal y la existencia “necesaria” del Gobierno.

El Estado, con su presunta superioridad moral y la indefensión aprendida que se nos ha inculcado frente a los problemas de los demás, nos ha desprovisto de ese espíritu innato en todos los seres humanos: el del apoyo mutuo que hablaba Kropotkin o la caridad cristiana, el de la simple y espontánea empatía con nuestro prójimo.

En última instancia el problema práctico (dejando a parte “las buenas intenciones”) se reduce a que, si no hay nada que repartir, no se pueden implementar políticas redistributivas. Y para permitir primero que se genere riqueza —pues la riqueza no es una cantidad constante como la energía; se crea mediante la actividad económica—, hacen falta políticas no distributivas. Le evidencia empírica nos enseña que es dejando que la riqueza de los ciudadanos crezca como alcanzamos una aumento más significativo del nivel de vida general, y no robando a unos pocos —los que más riqueza han generado— para repartirlo entre los demás.

Como decía Margaret Thatcher, las políticas socialistas terminan cuando se agota el dinero de los demás.

3 meses ago

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